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Una conflictiva reforma de la Ley de Costas

 

El controvertido proyecto de reforma de la Ley de Costas va a ser debatido en breve en el Senado. Pero a medida que avanza, el Partido Popular agrava con nuevas enmiendas la amenaza de regresión hacia el modelo de explotación urbanística imperante en España en los últimos años y que ha sido tan lesivo para el medio ambiente. La Ley de Costas, vigente desde 1988, tuvo significativa importancia al delimitar la zona de servidumbre hasta los cien metros de la costa, prohibiendo por tanto la construcción en dicha franja y otorgando a las edificaciones anteriores a 1988 un plazo de 30 años —prorrogables a 60— para su demolición.

La reforma que ahora propone el Gobierno prevé una ampliación del plazo hasta los 75 años, facilita la explotación de chiringuitos de playa así como las fiestas en la arena, que se encuentran actualmente muy controladas debido a los problemas de salud pública que acarrean. También  se amplía el plazo para regularizar la situación de los puertos deportivos en respuesta a la demanda de la patronal empresarial. Las últimas enmiendas del PP proponen (i) reducir - en ciertos casos - la zona de protección de cien metros hasta los veinte, dejando en manos de los ayuntamientos la potestad de conceder licencias de obras, potestad responsable de muchos casos de desarrollo urbanístico incontrolado;  y (ii) amnistiar a doce núcleos urbanos cuyas viviendas aún invaden el dominio público. Ni siquiera las construcciones amenazadas por el mar debido al cambio climático están obligadas a retirarse de la zona de dominio público, salvo que estén realmente invadidas por el agua o, dicho vagamente, “exista un riesgo cierto de que ocurra”.

Los problemas que han sido tradicionales en la aplicación de la Ley de Costas no justifican la reforma que este Gobierno ha puesto en marcha. El último cambio de reducir a veinte metros de la costa la zona protegida tendrá, como consecuencia, una relajación de los controles a que se sometía cualquier obra realizada en esa franja y, a fecha de hoy, ni siquiera se ha incluido en la reforma la prohibición de cualquier nueva edificación, un extremo que pretendía liberar el litoral de la presión a la que estaba (y aún está) siendo sometido. La urbanización incontrolada y la ocupación de playas, riberas y marjales es un modelo periclitado que, además de ser ecológicamente insostenible, puede repercutir negativamente en la industria turística.

Nos parece que los cambios propuestos por el Partido Popular perjudican el interés general y cambian a corto plazo las reglas de juego, lo que puede generar agravios, incrementar la inseguridad jurídica y un provocar incremento de causas judiciales al apostar por un modelo de crecimiento que se consideraba ya acabado y responsable de haber agravado el actual escenario de crisis que afecta al país.

 

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