¿Es la privatización del Agua una decisión necesaria?

El medio digital nuevatribuna.es denuncia que el nuevo gobierno desarrolla una tendencia clara y coherente hacia la privatización de servicios públicos esenciales (sanidad, educación……) sobre la base de una supuesta mayor eficiencia de la gestión privada sobre la pública. El agua no escapa a éstos intentos.

Ante la asfixia financiera, se dice, consecuencia de la crisis económica que sufren tanto comunidades como ayuntamientos, ven en la venta de las concesiones de agua, un medio para superar la crisis, por lo cual obtienen fondos económicos que les permiten sobrevivir.

Probablemente, la privatización de los servicios públicos del agua no sea una solución, pero ante la práctica desaparición de su mayor fuente de ingresos, (la industria de la construcción)  los Ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos para los cuales carece de fondos, por lo que la solución más rápida y cercana es vender aquello que tiene valor y es un bien deseado por todos: en este caso el servicio del agua, que se brinda a la iniciativa privada mediante concesiones.

Se explica que las concesiones son contratos administrativos que se formalizan por plazos largos de duración, normalmente entre 30 a 50 años, a favor de una empresa privada. Normalmente en el contrato, las empresas se garantizan unas ganancias mínimas sin que se indique en muchos contratos la cantidad que deberá invertir la empresa privada en el mantenimiento y mejora del servicio. Con lo cual, al no existir esta inversión, la calidad del agua se deteriora progresivamente, en aras a maximizar beneficios.

Habitualmente lo primero que hacen las empresas privadas es encarecer sustancialmente el precio del servicio en un mercado en el que casi no existe competencia, con lo cual el consumidor se encuentra frente a un monopolio de hecho. Ciertas estadísticas indican que los impagados por servicio de agua no superarían el 3%, por lo que las concesionarias tendrían así garantizados unos ingresos regulares y una gran estabilidad financiera, inmune a escenarios de crisis.

La situación empeora por el hecho de que el sistema de privatización de los sistemas públicos de agua se reparte entre grandes empresas multinacionales, que atienden ya a millones de clientes.

El medio señala que estudios realizados sobre diversos esquemas de concesión existentes indican que la privatización no habría supuesto la esperada eficiencia y se pregunta si no habría otras razones detrás de éstos procesos privatizadores.

Y aducen que podrían visualizarse rápidamente dos motivos. El primero es ideológico y respondería a la aplicación de doctrinas neoliberales en materia de agua. El segundo es que se esté pavimentando el camino hacia una nueva “burbuja”, similar a la vivida en el sector inmobiliario y que es causa eficiente, en gran medida, de la actual crisis del país.

Un caso clarificador es el del Canal de Isabel II, que abastece a Madrid, al queel anterior gobierno regional intentó privatizar. Con un valor de mercado cercano a los 3.000 millones de euros, la gestión del Canal tuvo una rentabilidad, en el año 2010, de 114 millones de euros. Por tanto, parecería que la ineficiencia de la gestión pública no sería argumento sustancialmente válido para abogar por su privatización.  Por nuestra parte, consideramos que la pregunta de si esa misma gestión hubiese producido un mejor resultado en manos privadas es de difícil respuesta. Pero lo cierto es que dicho mayor beneficio habría ido a parar a manos privadas, en lugar de reinvertirse en la mejora de un servicio esencial como es el de la gestión del agua.

El medio explica que el ministro Arias Cañete tiene en el agua uno de sus graves problemas. El gobierno no ha presentado aún los planes de cuenca que son de obligado cumplimiento y  tiene pendiente de acabar más de un millar de depuradoras según el acuerdo firmado con la Unión Europea, que ha denunciado a España por el escaso uso que hace de un gran número de desaladoras que fueron subsidiadas por la Unión Europea en un alto porcentaje. Para terminar, existe el problema de las privatizaciones municipales de agua que, como hemos explicado, dependen de decisiones no siempre económicamente libres ni incondicionadas de los Ayuntamientos.

Pensamos que los servicios básicos del Estado tales como Defensa, Sanidad, Educación y Justicia tienen que verse amparados por principios constitucionales que les mantengan al amparo de cambios políticos, económicos y sociales que normalmente suscitan dudas y preguntas en la mente del ciudadano promedio, que se encuentra completamente desprotegido ante tales circunstancias.

La gestión del agua no debería ser una excepción.